La burocracia se está convirtiendo en un importante freno para el desarrollo de la movilidad eléctrica al ralentizar la instalación de enchufes. En estos momentos, hay más de 4.500 puntos de carga de acceso público de vehículos eléctricos que están atrapados en los interminables trámites de las administraciones para conceder los permisos necesarios, según ha denunciado la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).
Esos más de 4.500 puntos de carga pendientes de superar los trámites administrativos suponen una inversión de unos 45 millones de euros que se uma a 110 millones que ya han sido invertidos por los operadores de recarga para el vehículo eléctrico. Las inversiones globales previstas superan los 3.000 millones de euros hasta 2030 en puntos públicos en España. Actualmente hay desplegados en el país unos 12.000 puntos, de los que el 85% son de carga alterna (más lentos) y el 15 % de continua (más rápidos).
Agilizar los permisos
Para agilizar su implantación y reducir el tiempo de concesión de permisos, Aedive propone que se utilice la fórmula de declaración responsable en lugar de la licencia de obra y la de actividad, permitir siempre la actividad de los puntos de recarga en parcelas con actividades existentes y dar el visto bueno a su implantación en suelo rústico con los mismos derechos que las gasolineras.
También aboga por simplificar el proceso para las que no requieran expropiación o sean menores de 1.500 kW y que no deban contar con permiso de obras cuando se vaya a ubicar en un área de concesión del Ministerio de Transportes.
Recientemente, el director general de Porsche Ibérica, Tomás Villén, lamentó el freno que supone la burocracia a la hora de instalar un punto de carga de acceso público, cuya tramitación puede tardar hasta 400 días en España, mucho más que en otros países europeos.
Necesidad de enchufes
Según Aedive, si se eliminan esas barreras administrativas, se aumenta más la autonomía que pueden recorrer los vehículos eléctricos, se incrementa la penetración de puntos de recarga de uso privado y si se matriculan los 3,5 millones de turismos eléctricos que se prevén en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), en España se necesitarán 23.000 puntos de recarga de acceso público en 2022.
En 2025 la cifra subiría hasta los 70.000 y en 2030 hasta los 255.000, aunque esta última podría llegar hasta los 340.000 en un escenario de "fuerte impulso de la electrificación" con 5 millones de turismos eléctricos, explica Aedive.
Esa cifra final de 340.000 puntos de carga en 2030 coincide con la hoja de ruta presentada por Anfac y Faconauto, aunque estas patronales se refieren a ese objetivo como el nivel mínimo para garantizar la circulación a los usuarios de vehículos propulsados por baterías.