Los coches de gasolina de más de 19 años de antigüedad y los diésel de más de 13 años circulan con normalidad y sin preocupaciones por Madrid. No sucede lo mismo con los coches más recientes, que desde esta semana están obligados a exhibir la etiqueta ambiental si no quieren recibir una multa en Madrid. Es la última paradoja que esconden los distintivos de la DGT y las políticas anticontaminación que ponen en marcha las ciudades por su cuenta.
El Gobierno que salga de las elecciones de 28 de abril tiene por delante un ingente trabajo en el terreno de las políticas para reducir las emisiones de gases del transporte en las ciudades. Los fabricantes de vehículos de Anfac incluía entre las 50 recomendaciones que hacen al nuevo Gobierno, que presentaron esta semana, la necesidad de poner orden en los protocolos anticontaminación que están aprobando las ciudades aplicando la vieja norma de cada maestrillo tiene su librillo. En fin, que las grandes ciudades se miran entre ellas pero cada una aplica su receta diferenciada para restringir el tráfico.
Criterios objetivos para las etiquetas
El riesgo de esa situación es lo que ya empieza a suceder, por ejemplo, en Madrid. El Ayuntamiento ha tenido que recordar a los vecinos de municipios limítrofes que también tendrán que mostrar la etiqueta obligatoriamente, excepto si son coches viejos, aunque en su ciudad no tengan esa exigencia. De hecho, Madrid es la primera ciudad que exige la etiqueta, que para la DGT es de exhibición voluntaria porque lo que realmente cuenta a la hora de identificar un vehículo es su matrícula.
Esas incongruencias se derivan de las bases poco sólidas de la regulación del etiquetado ambiental de los vehículos y, en general, de la falta de una regulación que actúe de paraguas general para que las ciudades adapten las medidas a los niveles de contaminación que sufren. El primer paso elemental es que la clasificación de los vehículos responda a criterios objetivos universales y no como sucede ahora, que presentan importantes deficiencias que convierten el sistema en un coladero de situaciones absurdas.
Hecha la ley, hecha la trampa
¿Tiene sentido que un coche con etiqueta 0 tenga más emisiones que algunos con distintivo Eco o C? La proliferación de coches híbridos con una autonomía en modo eléctrico de 40 kilómetros como mínimo debería hacer reflexionar a las autoridades estatales y locales sobre la urgencia de reformar el etiquetado para tenga en cuenta las emisiones reales, como sucede con el impuesto de matriculación, por ejemplo.
El próximo presidente del Gobierno tiene que afrontar la reforma de las políticas anticontaminación para poner orden, sentido común y rigor técnico. Solo así los ciudadanos verán como creíbles y basados en criterios objetivos las restricciones a sus movimientos.