En las últimas dos décadas, las multas por infracciones impuestas a los conductores por la DGT se han más que doblado, pero están encontrando cada vez más dificultades de salir adelante en los juzgados. El número de sentencias judiciales favorables a los conductores sancionados se ha incrementado en 14 puntos porcentuales en los últimos tres años, llegándose a anular en la actualidad cerca del 50% de las multas impuestas por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Así se desprende de un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que detalla que en los últimos veinte años la DGT ha formulado 70 millones de denuncias en las carreteras de su competencia, con una recaudación de cerca de 6.500 millones de euros. Durante este periodo, las multas se incrementaron un 122% y de las 2.105.024 denuncias formuladas en 2001 se ha llegado a la cifra de 4.684.286 en el año 2019, a pesar de que el parque creció en menor proporción (42%).
Sin embargo, los recursos planteados por los ciudadanos contra dichas multas, ha sufrido un proceso inverso, especialmente a raiz de la reforma operada en la Ley de Seguridad Vial en el año 2009, en la que se redujeron las posibilidades de defensa de los ciudadanos y se aumentó el descuento por pronto pago del 30 al 50% del importe de las multas, a aquellos conductores que no planteaban recurso alguno.
Principales fallos de las multas
"Ello ha dado lugar –según indica AEA en su informe– a que en la actualidad, el 64% de los conductores prefieran pagar con descuento a plantear ningún tipo de recurso aunque consideren que la denuncia formulada sea injusta".
Los fallos que tumbran las sanciones impuestas por la DGT se basan en muchos casos en que en los casos de exceso de velocidad "no se está aplicando correctamente el margen de error de los radares". Pero no se queda ahí puesto que está creciendo el número de sentencias que condenan a la Administración a pagar las costas judiciales "por su temeridad al no haber rectificado la resolución impugnada, pese a conocer que todos los juzgados contencioso-administrativos de la ciudad (…) mantienen el mismo criterio sobre el margen de error, y que otras Administraciones ya lo están aplicando desde tiempo atrás sin problema alguno", tal y como recoge una reciente sentencia dictada por un Juzgado de Pontevedra.
La asocaición que ha llevado el estudio pone como ejemplo la última sentencia obtenida por los servicios jurídicos de AEA en defensa de los derechos de unos de sus miembros, que condenó a la Administración a pagar 400 euros de las costas judiciales. A juicio del presidente de AEA, Mario Arnaldo, "si se aplicara en todos los procesos judiciales que pierde, seguramente la DGT dejaría de ser un organismo recaudador tal y como, sin pudor alguno, ha reconocido ejercer esta función su director general".