Después de 52 años pagando peaje, los automovilistas de las autopistas que han liberalizado en Cataluña y Aragón tenían ganas de circular de forma gratuita. El levantamiento de las barreras se adelantó en algunas vías unas horas ante la alegría de los usuarios y de los vecinos organizados en plataformas que reclamaban la gratuidad de los peajes. Sin embargo, el cambio de etapa conlleva cambios importantes en la movilidad y el tráfico con pros y contras. Este es el paisaje que espera a los automovilistas tras el final de los peajes.

Ahorro de 58 euros por 550 km

Desde el día 1 de septiembre, algo más de 550 kilómetros han pasado a ser gratuitos, por lo que un turismo se ahorrará los 58 euros que costaba antes recorrer esas vías. Desde 2018 el Gobierno ya ha liberado de peajes 652 kilómetros de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, de la AP-7 entre Alicante y Tarragona y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz.

En esta ocasión, se trata del tramo de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, en la provincia de Tarragona, y del tramo de la AP-7 entre la frontera francesa y la ciudad de Tarragona. En total, 477 kilómetros. Por el primer enlace, un turismo paga 25,95 euros y por el segundo, 25,75 euros. A estos enlaces se suman los tres que gestiona Cataluña y que la Generalitat ya ha confirmado que también levantará sus peajes este miércoles: el tramo norte de la C-32 entre Barcelona y Lloret de Mar (70 kilómetros por 5 euros) y la C-33 entre la Ciudad Condal y Montmeló (14 kilómetros por 1,7 euros).

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya calcula que la eliminación de los peajes en la AP-7 y la AP-2 permitirá un ahorro de 2.000 euros anuales por camión. La organización ha celebrado el fin de los peajes y ha apuntado que cada día pasan más de 12.000 camiones en dirección a la frontera francesa.

Más tráfico en autopistas

En 2019, antes de la pandemia, en torno a 13.000 vehículos circulaban diariamente por este tramo de la AP-2 y alrededor de 50.000 en la AP-7 entre Francia y Tarragona, según datos del Ministerio de Transportes. Con la gratuidad, se prevé que esta movilidad se dispare, con el consiguiente efecto que provocará en el desgaste de la vía.

Las previsiones del Govern son que, una vez se levanten las barreras de los peajes en la C-32, se desvíe desde la N-II un 11 % del tráfico en esta vía entre Masnou y Premià; un 2 % en Mataró; un 21 % entre Caldes y Arenys; y un 31 % en Santa Susanna.

Estos movimientos no deberían "congestionar" la C-32 pero sí dar un respiro a los vecinos del entorno de la N-II, puesto que se espera una reducción del tráfico en esta vía de entre el 25 % y el 40 % en el Baix Maresme; poca variación en Mataró; reducciones superiores al 50 % entre Mataró y Llavaneres; y un descenso de vehículos de entre el 15 % y el 30 % en el Alt Maresme.

Riesgo de impacto ambiental

La Cámara de Girona ha destacado que la eliminación del peaje provocará el aumento del tráfico y, por lo tanto, el "riesgo de impacto ambiental" y plantea, como posibles soluciones, impulsar el transporte de mercancías con ferrocarril, instalar placas solares en los espacios libres en la AP-7 o un itinerario para bicicletas a lo largo del corredor. Por otro lado, ha manifestado que hay 649 establecimientos que se encuentran situados en el ámbito de acceso directo al corredor o en la zona de influencia, por lo que se deberá tener especial cuidado con el impacto que el nuevo modelo de movilidad generado por el levantamiento "tendrá en este tejido productivo y sus trabajadores y clientes".

Alivio para carreteras secundarias 

El Govern prevé invertir 120 millones en cuatro años para "pacificar" la N-II en el Maresme, una carretera que se reinventará en los próximos meses dado que parte de los vehículos que circulan por ella lo harán por la C-32 Norte una vez que, el 1 de septiembre, deje de haber peajes en esta vía. La Generalitat construirá seis nuevos enlaces y completará dos que ya están en marcha entre la N-II y la C-32 Norte para facilitar que los vehículos circulen por esta segunda vía. Actualmente la C-32 canaliza dos terceras partes del tráfico, excepto en el Alt Maresme, donde circulan más vehículos por la N-II.

Compensaciones a Abertis

Solo por la AP-7, el Gobierno ya ha calculado que habrá que pagar casi 1.300 millones a la compañía en forma de compensación por revertirla al Estado, ya que se entrega con todas las inversiones realizadas necesarias para su uso.

348 despidos

Además, Abertis ya ha anunciado el despido mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 348 trabajadores vinculados a todas las autopistas que dejarán de ser de pago, ya que su trabajo está vinculado al peaje y a los servicios centrales y de soporte.

Nuesvo sistema de pago

 

La ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, ha adelantado que ya se está trabajando en propuestas alternativas a los peajes para mantener las carreteras que ahora se liberan. El Gobierno, según ha reiterado, quiere aplicar un sistema basado en que pague el que use las autopistas, aunque ha afirmado que éste "no tendrá nada que ver" con los peajes como los conocemos y que será "homogéneo" para toda España. La ministra ha abogado por "ser didácticos" y "asumir que si queremos una red de carreteras competitiva y que sea sostenible, también hay que asegurar que se pueda financiar principalmente por las personas que la usan, siguiendo el lema de quien contamina, paga".

"Lo que buscamos es un sistema de tarifación por uso. Quien use que sea el que pague. No tiene mucho sentido que el mantenimiento sea a cargo del presupuesto y que pague el conjunto de los ciudadanos, incluso los que no usan las carreteras", ha apuntado, tras señalar que "en ningún caso será nada asimilable al peaje tal y como lo entendemos ahora".

Autopistas de peaje en España

En total, la red de carreteras estatal está compuesta por 12.035 kilómetros de autovías y autopistas --sin contar las administradas por ciertas Comunidades--, de los que 1.991 son de pago. En septiembre, esta cifra descenderá a tan solo 1.514 kilómetros: la AP-7 en Alicante y Murcia y en Málaga, la AP-9 y AP-53 en Galicia, la AP-46 en Málaga, la AP-51 y AP-6 en Ávila y Segovia, la AP-66 y AP-71 en León y la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza. Esta última, conocida como Autopista del Ebro, será la siguiente cuya concesión vencerá, aunque no será hasta noviembre de 2026.

En los 1.514 kilómetros se contabilizan otras 9 autopistas, que quebraron en la crisis y fueron rescatadas por el Estado: las cuatro radiales madrileñas, la M-12 que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la M-41 que enlaza Madrid y Toledo, la AP-36 entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete), el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante. Suman 700 kilómetros.

A todas estas vías de pago se suman dos autopistas gallegas (AG-55 y AG-57), dos vascas (AP-1 y AP-8), una navarra (AP-15) y una catalana (C-33 Sur), que, al no ser gestionadas por el Estado, no cuentan dentro de los 1.514 kilómetros.