A partir de 2030 no se podrán vender coches de diésel, gasolina o incluso híbridos en Cataluña. Este ambicioso objetivo aparece en la Ley de Cambio Climático que acaba de recibir un nuevo impulso del Govern para su plena implantación. La hoja de ruta catalana contrasta con la suspensión de la ley balear, que adelantaba a 2025 el veto al diésel.
Si la ley catalana sigue adelante, la comunidad se convertirá en uno de los primeros territorios de la Unión Europea en prohibir la venta de vehículos con motor de combustión interna. En el borrador inicial de la ley estatal de cambio climático, el Ejecutvo central establecía el veto a la venta de coches que tengan emisiones de CO2 a partir de 2040, mientras que retrasaba la prohibición de circulación a 2050.
El Govern se atribuye el Moves
"El Govern ha de promover las medidas necesarias en el sector de la automoción para que los vehículos motorizados nuevos no sean de combustión interna fósil a partir de 2030 y para que el sector de automoción pase de un modelo exclusivamente de caballos fiscales a uno de emisiones contaminantes", indica el texto de la ley catalana en un artículo que se salvó del recurso ante el Tribunal Constitucional.
El objetivo final de la transición energética concuerda con el horizonte de la Unión Europea de tener una economía descarbonizada en 2050. Siguiendo el mandato de la ley, en la transición se pondrán en marcha medidas de apoyo a sectores afectados como el de la movilidad.
El Govern ha sacado pecho de los 7,3 millones que ha concedido en ayudas a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos de carga, sin mencionar que esos fondos provienen del Plan Moves aprobado por el Ejecutivo central y cuya gestión se ha confiado a las autonomías.
Apoyo a la automoción sin fondos
En la misma reunión del Govern se ha aprobado la elaboración de un plan estratégico de apoyo a la industria de la movilidad en el periodo de 2020 a 2025 pero que, de momento, no tiene ni un céntimo de dotación presupuestaria. El plan, anunciado con anterioridad en varias ocasiones, tiene que servir, según el Ejecutivo de Quim Torra, para proteger los 143.000 puestos de trabajo directos e indirectos y un valor de 23.800 millones.
La nueva vuelta de tuerca en la reducción de emisiones llega cuando se está a punto de poner en marcha el nuevo impuesto del CO2 para los vehículos y cuando la industria catalana atraviesa un momento delicado debido a la caída de producción de la planta de Nissan y a las advertencias por parte del presidente de Seat, Luca de Meo, de que el grupo Volkswagen está llegando al límite de su paciencia con las protestas independentistas.