Por fin, después de años de trámites, reglamentos, manuales técnicos y frustraciones en el sector, España tendrá su propio mapa público de puntos de recarga para coches eléctricos. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció este viernes que el nuevo sistema estará disponible el próximo lunes, coincidiendo con la quinta reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE).
“Una de las medidas que creemos fundamentales para dar certidumbre a todos los que hemos apostado por la movilidad eléctrica es el lanzamiento del mapa de puntos de recarga”, aseguró Aagesen durante su intervención en el Encuentro SER Andalucía celebrado en Sevilla. La ministra no ha dado más detalles sobre el mapa, aunque en una primera fase se espera que dé información sobre ubicación y características técnicas pero no sobre la disponibilidad y oiperatividad de los puntos.
Una promesa largamente esperada
El anuncio pone fin a una espera que se ha prolongado durante más de tres años. Desde que se puso en marcha el registro nacional RIPREE, que obliga a los operadores a notificar sus instalaciones, el sector ha reclamado un sistema público, actualizado y accesible que unifique la información dispersa por múltiples aplicaciones privadas. Hasta ahora, la única alternativa eran plataformas colaborativas como Electromaps o las bases de datos de Aedive, que dependen de la iniciativa de usuarios o empresas.
El nuevo mapa busca replicar modelos exitosos como el de Portugal, donde la plataforma pública Mobi.e permite consultar el estado en tiempo real de todos los cargadores, reservar y pagar desde un solo canal. En España, sin embargo, el sistema arranca con limitaciones: solo los puntos de recarga con potencias superiores a 43 kW estarán obligados a mostrar su estado en tiempo real. Los de menor potencia deberán esperar a una fase posterior, condicionada al lanzamiento de una futura app oficial y un plazo adicional de tres meses.
Un paso clave, pero no suficiente
La creación de este mapa llega acompañada de la prórroga del Plan MOVES III, que suma 400 millones de euros adicionales hasta final de año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Este plan ha permitido hasta ahora la compra de más de 142.000 vehículos eléctricos y la instalación de más de 113.000 puntos de recarga.
Aun así, la fotografía del sector sigue mostrando luces y sombras. Según los últimos datos, más de 13.000 puntos de carga están instalados pero fuera de servicio por trámites administrativos o problemas técnicos. La media para poner en marcha un cargador se sitúa en 15 meses, muy por encima de los plazos de otros países europeos, donde se tarda apenas dos. Pese a ello, en el primer trimestre se pusieron en marcha un 20% más de enchufes, según el recuento de Anfac basado en datos de Electromaps.
Desde el sector se reclama una "ventanilla única estatal", al estilo de Portugal o Alemania, para centralizar y agilizar los procesos. Incluso se han lanzado propuestas como la creación de licencias exprés, con plazos máximos de 15 días, para no seguir frenando el despliegue de infraestructura.
Entre la jungla de apps y la necesidad de confianza
Hasta ahora, la falta de una herramienta oficial ha generado un ecosistema fragmentado de apps, métodos de pago y mapas incompletos que ha lastrado la experiencia de los conductores de coches eléctricos. Para muchos, encontrar un punto de carga operativo y compatible era casi una aventura, lo que ha contribuido al escepticismo de parte del público hacia esta tecnología.
El nuevo mapa público no resolverá todos los desafíos, pero marca un antes y un después en el compromiso del Estado con la movilidad eléctrica. Y lo hace en un momento clave, cuando las ventas de coches electrificados se disparan y la red de recarga crece a un ritmo inédito. Si el Gobierno cumple ahora con la parte más delicada —hacer que el mapa sea útil, fiable y actualizado—, España podría dejar de ir a rebufo de sus vecinos europeos.