El Consejo de Ministros aprobó este martes un nuevo decreto ley que recupera 29 medidas sociales que habían decaído la semana pasada en el Congreso tras el rechazo al anterior decreto ómnibus. Sin embargo, el nuevo paquete, resultado de un acuerdo entre el Gobierno y Junts, deja fuera iniciativas clave como el Plan Moves para la compra de vehículos eléctricos, cuya prórroga hasta junio quedó derogada y que ahora será objeto de una negociación futura que alargará la incertidumbre del sector automovilístico.
Medidas sociales prioritarias
El decreto incluye la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,8%, las bonificaciones al transporte público hasta junio y la prórroga del salario mínimo interprofesional de 2024 (1.134 euros brutos mensuales) hasta que se defina la nueva cifra para 2025. También se prorroga la suspensión de desahucios para hogares vulnerables y se establecen avales públicos para inquilinos y propietarios, una medida novedosa que no figuraba en el decreto previo.
Se han mantenido las ayudas a los afectados por la DANA, el volcán de La Palma y el bono social eléctrico, además de garantizar durante un año más el suministro básico de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables.
El Moves, pendiente de negociación
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, explicó que medidas de carácter tributario y económico, como el Plan Moves, el apoyo a la industria electrointensiva y mejoras en la financiación autonómica, quedan pendientes de nuevas negociaciones con Junts.
Estas medidas, según el presidente, requieren mayor consenso y tiempo, y podrían aprobarse en "cuestión de semanas". Entre ellas, también se encuentran la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, así como incentivos fiscales para mejoras de eficiencia energética en viviendas.
El Plan Moves, que buscaba incentivar la transición a la movilidad eléctrica, no figura en el decreto aprobado, pese a la presión del sector automovilístico. La falta de continuidad en este programa preocupa a fabricantes y compradores, especialmente en un momento de incertidumbre para el mercado de vehículos eléctricos en España, cuya cuota de mercado es del 5,6%, muy por debajo de la media europea del 13,6%.
Medidas a la espera
Otra medida destacada del decreto es la prórroga del llamado "escudo antiopas" hasta el 31 de diciembre de 2026, que protege a empresas estratégicas de sectores clave frente a inversiones extranjeras que puedan poner en riesgo la seguridad, el orden público y la salud. Esta medida permite vetar la compra de participaciones iguales o superiores al 10% en empresas cotizadas españolas o no cotizadas cuyo valor de inversión supere los 500 millones de euros.
El Gobierno confía en que las medidas pendientes puedan desbloquearse en próximas negociaciones. "Estamos avanzando con pasos firmes hacia la protección social y el desarrollo económico, pero necesitamos diálogo y consenso para seguir adelante", declaró Sánchez en rueda de prensa.
Mientras tanto, el sector automovilístico y otros afectados esperan que los incentivos necesarios para la transición energética y el crecimiento económico no se retrasen más de lo previsto.