La inspección técnica de vehículos (ITV) es uno de los negocios considerados de rentabilidad segura, de los que están regulados por el contador por que los ciudadanos tenemos que pasar tarde o temprano. "La rentabilidad del negocio es altísima, especialmente cuando se trata de una regulación por concesión similar a la de una autopista". Es la confesión de un directivo del sector que vive de ese suculento margen de beneficio por el que en España se pelean las empresas del lobby ya establecido y las que pretenden romperlo para ganar una porción de la tarta cautiva.
El Gobierno sigue deshojando la margarita de la regulación pendiente para decidir si rompe la baraja y comienza una nueva partida con nuevos jugadores o bien reparte de nuevo las cartas entre los mismos contendientes. Eso último es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid al abrir sobre el papel la competencia a nuevos grupos empresariales para que puedan abrir estaciones de ITV pero que deja fuera del mercado al líder alemán de las inspecciones de vehículos. La situación es digna de una inocentada pesada al tener Dekra cuatro ITV acabadas pero con la persiana bajada por unas incompatibilidades que no existen en otros países europeos.
El absurdo ha provocado que Dekra tenga nueve millones bloqueados y depreciándose y que se replantee su presencia en un país que le interesa pero que ve como hostil a sus intereses. ¿A quién beneficia ese veto en las ITV? La argumentación de Madrid, que se las da de ser la comunidad autónoma más liberalizada, es que no puede permitir la entrada de un grupo con intereses en la reparación de vehículos, aunque sea a la hora de peritarlos.
Un reciente informe de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia retrata de forma demoledora las ineficiencias de las ITV para los consumidores, que ven como tienen que pagar precios muy diferentes en función de las comunidades y que en muchos casos no tienen más remedio que tragar con un servicio más parecido a una tasa fija que a un precio sometido a la competencia. Esa es la realidad que la Comisión llama a solventar siguiendo los pasos de otros países en los que los conductores eligen la ITV por el precio y no sólo por la proximidad y la hora de la cita.