Las elecciones generales del 23 de julio pueden convertirse en una palancas para acelerar la renqueante movilidad eléctrica en España. Para conseguirlo, la nueva presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha planteado que el futuro presidente del Gobierno asuma personalmente la responsabilidad con la creación de un grupo de coordinación del impulso al vehículo eléctrico. Además, Faconauto propone resucitar el plan Pive para incentivar la compra de coches de combustión también.
Marta Blázquez ha explicado la lista de peticiones de la patronal de concesionarios al futuro Gobierno que salga de las elecciones del 23J, al que ha reclamado que tenga la descarbonización como un "eje esencial". Pero, a la vista del retraso de España en la extensión de la movilidad eléctrica, Faconauto propone una batería de reformas.
Una de las propuestas consiste en crear un grupo para la coordinación y el impulso del vehículo eléctrico en España. Ese grupo estaría centralizado y dependería directamente de la Presidencia del Gobierno. Formarían parte del grupo los ministerios con competencias en Energía, Hacienda y Comercio, junyo a las patronales de la automoción, de las energéticas o de otras compañías involucradas.
Que vuelva el Plan Pive
Faconauto parte de la experiencia de la reciente negociación con el Gobierno de varias medidas, incluida la deducción del 15% del IRPF por la compra de un eléctrico o por instalar un punto de carga, que ha sido pilotada desde el gabinete de la Moncloa para intentar superar así los frecuentes choques entre los ministerios de Industria y el de Transición Ecológica y Hacienda.
La patronal de concesionarios ha propuesto en su batería de medidas un plan de renovación de parque con una gestión centralizada y que incluya un descuento en la factura de compra para el periodo 2024-2027 dotado con 1.100 millones de euros que se contemplen en los Presupuestos Generales del Estado y que, adicionalmente, tenga 400 millones más que se aporten desde el sector, inspirado en el antiguo Plan Pive de ayuda a la adquisición de vehículos.
Blázquez ha indicado que hay que poner en marcha un "Pive sin complejos" porque "descarbonizar también es renovar el parque automovilístico". "Todavía recordamos el éxito que supuso ese plan, y estamos seguros de que se podría reeditar con el mismo impacto positivo", ha asegurado.
Ayuda a rentas bajas
De manera paralela, la patronal ha propuesto un plan de "renovación social" para 2024, dirigido a rentas por debajo de 25.000 euros, que tendrían un ayuda de hasta 1.500 euros para adquirir un vehículo de hasta 6-7 años y a cambio de achatarrar un vehículo de más de 14 años. Con ello creen que se podrían retirar de la circulación alrededor de 130.000 vehículos viejos, así como dar una opción de movilidad a conductores con menos recursos afectados por la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Estas medidas ayudarán, según Marta Blázquez, a que la próxima legislatura sea "sí o sí" la de la descarbonización para "alcanzar los objetivos que nos exige la Unión Europea". Para lograr el objetivo europeo de alcanzar los 190.000 vehículos electrificados, hay que introducir mejoras en el Plan Moves y cambios en la fiscalidad, según Faconauto.
La patronal ha pedido que el Gobierno ayude a las comunidades autónomas en la homogeneización de su gestión del plan, que se busque la fórmula para que el comprador obtenga el descuento del vehículo en el mismo momento de la adquisición, que se amplíe el límite de la ayuda hasta los 65.000 euros (en lugar de 45.000) y que se asegure su continuidad dotándolo con un presupuesto de 600 millones de euros anuales, ampliable a toda la legislatura.
Cambios en fiscalidad
"La próxima legislatura ha de servir para acelerar la descarbonización de una movilidad para todos en nuestro país. Para ello, nos pondremos a trabajar desde el primer momento con el nuevo Gobierno que salga de las urnas", ha asegurado Blázquez. "La descarbonización tiene que llegar al ciudadano de a pie, que tiene derecho a participar de ella, y el Estado tiene que liderarlo", ha afirmado.
Entre las asignaturas pendientes, la presidenta de Faconauto ha citado un plan para cumplir con el reglamento europeo que obliga a que haya estaciones de recarga cada 60 kilómetros para finales de 2025 y un "replanteamiento de las medidas" fiscales con una exención del IRPF en las ayudas públicas, avanzar en la deducción total del IVA de los vehículos electrificados o establecer "al menos" un porcentaje lo más amplio posible. Además, propone deducir el Impuesto de Sociedades el 10% sobre las inversiones realizadas en la compra de vehículos industriales y comerciales, incrementar las deducciones por retribución en especie para los vehículos de empresa y la inclusión de la maquinaria agrícola en el sistema del Régimen Especial de los Bienes Usados (REBU).