El sector del automóvil ha inundado la Generalitat con impugnaciones contra el nuevo impuesto del CO2 que quiere poner en marcha el Govern de Quim Torra. Los concesionarios de venta de vehículos, las patronales y las asociaciones de fabricantes de turismos y de motos han presentado alegaciones contra la entrada en vigor de un tributo que ya está provocando una deslocalización de matriculaciones de flotas de renting de coches, según las fuentes consultadas por la web Coche Global.
La impugnación presentada por las asociaciones de concesionarios de Cataluña (Fecavem) y de toda España (Faconauto) es la mas contundente. Los vendedores de automóviles advierten al 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que el impuesto se basa en unos censos con una información incompleta sobre el parque automovilístico en circulación y sus emisiones, por lo que tendrá poca seguridad jurídica. La advertencia se produce a pocos meses de que se active el cobro del tributo en febrero de 2019.
Falta de bases de datos de emisiones
"En definitiva, como no existe una base de datos íntegra donde consultar las emisiones de CO2 de los vehículos sujetos a tributación, la mayor parte del cómputo de las emisiones de los vehículos deberán hacerse por un método indirecto", afirman los concesionarios en el documento de impugnación al que ha tenido acceso la web Coche Global.
La alegación de los comerciantes del automóvil continúa: "Consideramos que, tal y como está concebido, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica rompe la unidad de mercado y no permite garantizar que los vehículos afectados por el impuesto serán los que circulen por Cataluña, sean o no sus empresas residentes en ese territorio". Es decir, que el nuevo tributo puede tenir tintes de chapuza jurídica.
Las advertencias de una fuga de matriculaciones de coches de empresas de Cataluña a otras comunidades autónomas ya se está produciendo con un descenso de las ventas en 25,6% en octubre pasado y del 9,6% en 10 meses acumulados.
Como consecuencia de ese retroceso, el peso del mercado catalán en el conjunto de España ha caído del 14% en 2016 al 12,30%.
El primer pago, en los concesionarios
La patronal de las marcas de motocicletas (Anesdor) también carga contra el nuevo impuesto del CO2 al considerar que es incoherente que se aplique sobre las motos ya que va en contra del criterio que inspira el nuevo impuesto de que "quien más contamina, más paga".
La Generalitat pretende que los concesionarios lleven a cabo el cobro del impuesto en su primer año con la venta y matriculación del vehículo, Para ello, plantea a los concesionarios la posibilidad de "establecer un régimen de colaboración de las empresas dedicadas a la venta de vehículos para que tramiten la autoliquidación".
Anesdor también avisa a la Generalitat de que "el impuesto no puede aplicarse por pedir un dato inexistente teniendo en cuenta la "imposibilidad de acreditar el CO2 para la mayoría de las motos del parque de Cataluña".
