Repsol, la mayor petrolera de España, se enfrenta a una sanción por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por incumplir varias resoluciones de este organismo que obligaban a la compañía a modificar los contratos en los que imponía precios de los carburantes a gasolineras independientes. El anuncio de apertura de un nuevo expediente sancionador contra Repsol coincide con una ofensiva de la compañía para entrar en los negocios de la electricidad y el gas.
Según la CNMC, la petrolera que preside Antonio Brufau y cuyo consejero delegado es Josu Jon Imaz, habría incumplido las obligaciones contenidas en las resoluciones adoptadas el 30 de julio de 2009 y el 20 de diciembre de 2013. En ellas, la petrolera fue sancionada, junto a Cepsa y BP, por infringir la normativa española y europea de competencia al fijar indirectamente el precio de venta al público a empresarios independientes que operan bajo su bandera, restringiendo la competencia entre las estaciones de servicio de su red y el resto.
El organismo instó a las petroleras, entre otras medidas, a adoptar aquellas necesarias para que el precio de trasferencia o de cesión del carburante atendiera a criterios objetivos y no se desincentivara la realización de descuentos por parte de las estaciones de servicio.
Contratos investigados
Después de estos años, la CNMC ha concluido que existen indicios de incumplimiento por parte de Repsol en relación a los contratos subsistentes en su red a 1 de enero de 2019 y hasta el 22 de octubre de 2019, cuyas condiciones comerciales no se adecuaban a lo dispuesto en las referidas resoluciones.
Sin embargo, la CNMC ha declarado que la fórmula propuesta por Cepsa cumplía los criterios establecidos en sus resoluciones, concediéndole un plazo de dos meses para su aplicación efectiva a los contratos subsistentes en su red. Asimismo, también ha constatado el cumplimiento de BP.
Según ha señalado la CNMC, Repsol no ha considerado la adopción de un régimen de venta en firme en sus contratos CODO/Comisión como estrategia principal de ejecución. Desde 2016, ha implementado un modelo de contratación (el modelo Consigna) basado en la fijación directa de precios a las estaciones de servicio afectadas, bajo la presunción de que actúan como agentes o comisionistas puros.
Resolución del expediente
La fecha límite delimitada por la propia Repsol para adaptar sus estaciones de servicio al nuevo modelo era el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, cumplida dicha fecha, seguían subsistiendo contratos sin modificar. Así, hasta el 10 de julio de 2019 -una vez conocida la propuesta de incumplimiento de Competencia- no había propuesto ninguna medida adicional para aquellos gestores de estaciones de servicio que no estuvieran dispuestos a adoptar el modelo Consigna.
La incoación forma parte de la labor de vigilancia que realiza la CNMC para verificar el cumplimiento de las obligaciones dictadas y para preservar la competencia en los mercados. A partir de ahora se abre un periodo máximo de 3 meses para la instrucción del expediente y para su resolución.