Francia ha emprendido lo que se podría considerar como una redada generalizada contra los fabricantes de automóviles por sus emisiones de gases. La Justicia francesa ha imputado de momento a los grupos Renault, Volkswagen y Peugeot y prepara nuevas acusaciones contra otras marcas en un proceso que se remonta a 2017 como efecto colateral de la presión creada a raíz del dieselgate,

El último grupo en pasar por el juzgado en Francia ha sido Peugeot, del grupo Stellantis, que tendrá que pagar una fianza de 10 millones de euros (de los cuales 8 millones para el pago potencial de daños y multas y 2 millones para garantizar la representación de la empresa en los tribunales), y deberá proporcionar una garantía bancaria de 30 millones de euros para la posible compensación de las pérdidas. 

Stellantis ha indicado que cree firmemente que sus sistemas de control de emisiones cumplieron con todos los requisitos aplicables en los momentos relevantes y continúan haciéndolo y esperan la oportunidad de demostrarlo.

Renault ha tenido que provisionar 20 millones de euros, de los cuales 18 millones se destinarán a un posible pago de daños y multas, tras haber sido acusado en Francia de falsificar las emisiones de sus vehículos diésel. La marca ha defendido su inocencia y ha negado haber cometido delito alguno, reivindicando que sus modelos no están equipados con ningún software de manipulación para engañar los controles de contaminación.

"Renault siempre ha cumplido con las normativas francesas y europeas. Los vehículos Renault siempre han sido homologados de acuerdo con las leyes y normativas vigentes", ha subrayado la compañía gala. Renault deberá aportar también una garantía bancaria de 60 millones de euros dedicados a una posible indemnización.

"Renault no engañó a nadie", ha subrayado el jefe de Ingeniería de Renault, Gilles Le Borgne, quien se unió al grupo el año pasado después de trabajar durante más de 30 años en Grupo PSA. Según él, los motores a los que se hace referencia en la investigación estuvieron en vehículos desde 2009 a 2011 y de 2013 a 2017, aunque no está definido por completo el alcance total, según recoge Bloomberg.

Citación a Stellantis

Volkswagen ​también ha sido imputado por la justicia francesa, que ha obligado al grupo alemán a depositar diez millones de euros en concepto de fianza y de una garantía de 60 millones de euros para atender a eventuales responsabilidades. El fabricante alemán considera que los consumidores franceses "no sufrieron ningún perjuicio" susceptible de ser indemnizado al comprar un vehículo Volkswagen.

También avanzó que utilizará "todos los medios de acción disponibles" para contestar las acusaciones, además de recordar la presunción de inocencia que tiene que ampararle durante todo el procedimiento judicial. Según el análisis de la empresa, su inculpación en Francia es consecuencia de la decisión sobre ese asunto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de diciembre. Volkswagen recordó igualmente que en Alemania el proceso en su contra por esos mismos hechos se cerró en 2018 con el pago de una multa de 1.000 millones de euros.

Sobre todo, hizo notar que en esa sanción también estaban incluidos los coches que había vendido en Francia. Por eso estima que habría que descartar la posibilidad de una doble condena en Francia.

Las imputaciones por la vía penal de la justicia francesa han sido recibidas por los grupos autonmovilísticos como una oportunidad para poder acceder a la investigación iniciada en 2017 con el fin de preparar su defensa. 

La Justicia francesa trabaja también en esa cuestión, sobre la base de sus propios trabajos de análisis y ha examinado los coches de diversos fabricantes. Según Europe 1, también han sido convocados responsables de las marcas del grupo Stellantis (Peugeot, Citroen y Fiat), lo que podría dar lugar a nuevas imputaciones en los próximos días.