Las emisiones medias de CO2 de los coches vendidos en nuestro país entre enero y octubre están a 23,5 gramos de la normativa 2025. En plena recta final de los fabricantes para evitar multas, algunos están todavía muy lejos de sus objetivos de reducción de emisiones. Si hoy se cerrase el cupo, España contribuiría con más de 2.200 millones a las multas europeas.
A partir de 2025, la normativa europea impondrá un límite medio de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro recorrido para los turismos nuevos -cada marca tendrá su límite pero en ese entorno-. Cualquier vehículo que supere esta cifra deberá pagar 95 euros por cada gramo excedente. Si esta regulación ya estuviera en vigor, ¿cuál sería el impacto económico en los vehículos vendidos en España este año? Hagamos cuentas…
Según datos recién comunicados por el sector, en octubre las emisiones medias de los turismos vendidos en España alcanzaron los 116,1 g/km de CO2, mientras que en el acumulado del año la media es de 117,1 g/km. Ambas cifras están notablemente por encima del límite de 93,6 g/km que se impondrá el próximo año. Si aplicamos la penalización de 95 euros por cada gramo de CO2 que supere el umbral de 93,6 g/km, los vehículos vendidos este año, con una media de 117,1 g/km, exceden el límite en 23,5 g/km.
El dilema de la automoción en 2025
Por lo tanto, cada vehículo vendido tendría que pagar 2.232,5 euros (23,5 gramos x 95 euros). Dado que se espera que las ventas totales de turismos en 2024 alcancen aproximadamente un millón de unidades, el costo total de las penalizaciones sería impactante si aplicásemos la tabla en 2025: 2.232 millones de euros para nuestro mercado.
Este todavía hipotético escenario subraya la urgencia con la que fabricantes y consumidores deben adaptarse a la nueva normativa que debe buscar, para evitar o minimizar al máximo multas, un mix de vehículos 0 emisiones entre el 20 y el 25% vs el total de ventas. Y esto se puede lograr vendiendo más vehículos 100% eléctricos (BEV) y más híbridos enchufables (PHEV) o reduciendo la presencia de modelos con motor de combustión.
En cualquier caso, estos 2.232 euros que debería pagar cada coche en estos momentos, en caso de ser ejecutables, sin duda repercutirán en parte o en todo en el precio final -o pagan los fabricantes o pagan los usuarios-. Como vemos, la presión por reducir las emisiones no solo es una cuestión ambiental, sino también económica, ya que las sanciones podrían representar un coste multimillonario para nuestro mercado. Y hemos hablado de un millón de unidades anuales en el caso de España, cuando el europeo rozó los 13 millones el año pasado. Sigan haciendo cuentas…