El sueldo de Carlos Tavares, el consejero delegado de Stellantis, sigue generando polémica. Después de las críticas del ministro de Economía de Francia, esta vez ha sido el presidente del país, Emmanuel Macron, quien ha cargado contra lo que considera como un salario "astronómico". Su rival en las elecciones de Francia, Marine Le Pen, también ha criticado el sueldo. El directivo, por ahora, calla y mantiene sus 19,1 millones en el bolsillo.

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Macron considera "chocante" y "excesiva" la remuneración que cobró el consejero delegado de Stellantis en 2021, que poco antes también recibió el rechazo en forma de voto negativo de la junta de accionistas del grupo automovilístico, incluyendo también el de John Elkann, presidente de Stellantis. El presidente francés quiere que se fije "un techo" para los altos directivos a nivel europeo y que se regule lo que pueden recibir los grandes ejecutivos.

"Si no, la sociedad explota", subrayó Macron en una entrevista con la emisora France Info, en el marco de la segunda vuelta de las presidenciales del próximo 24 de abril en la que se enfrentará a la ultraderechista Marine Le Pen.

Participación pública en Stellantis

Insistió en que esta cuestión hay que abordarla en la Unión Europea (UE) porque el Estado francés "no es accionista" de Stellantis de forma directa, y además la empresa tiene su sede social en los Países Bajos, aunque su sede operativa está repartida entre Francia, Italia y Estados Unidos. El Estado francés tiene, a través del banco de inversiones público Bpifrance, el 6,18% del capital de Stellantis tras la fusión de los grupos PSA y FCA.

El objetivo de la propuesta de Macron sería así evitar que haya "remuneraciones abusivas" y para eso su propuesta es "poner techos" y una gobernanza de las compañías "aceptable". Preguntado sobre la idea de limitar la remuneración máxima dentro de una empresa a 20 veces lo que cobra el trabajador con el sueldo más bajo, respondió que en principio está "en favor de la libertad de las empresas" pero en el caso de Tavares "estamos en niveles astronómicos".

Más allá de la acción europea para limitar esas remuneraciones, Macron explicó su intención de que en Francia sea obligatorio que cuando una empresa reparte dividendos a los accionistas tenga que compartir sus beneficios con los trabajadores, sea en forma del dispositivo conocido como "interés" o con una prima. A ese respecto, recordó que su Gobierno ha aumentado el monto para la exención de impuestos y cotizaciones de esas primas hasta 6.000 euros.

Le Pen ve "chocante" el sueldo

También reaccionó a la retribución millonaria del consejero delegado de Stellantis Marine Le Pen, que en otra entrevista al canal BRFMTV la calificó de "chocante". Para la candidata de la extrema derecha a las presidenciales francesas, una forma de corregir esa situación es que los trabajadores entren en el capital de las empresas como accionistas.

Los accionistas del grupo automovilístico reprobaron en la junta del pasado miércoles, por un 52,1 %, los 19,1 millones de remuneración de Tavares, pero de acuerdo con la normativa neerlandesa, ese voto es únicamente consultivo, de forma que no tendrá efecto, al menos no este año. Ante las numerosas reacciones que generó, Stellantis anunció que tendrá en cuenta ese voto negativo de cara a su informe de remuneraciones de los directivos de 2022, pero sin precisar si eso significa que habrá una moderación.

Stellantis tuvo en 2021 un beneficio récord de 13.354 millones de euros y eso pesó de forma significativa en el cálculo de los pagos a Tavares. Su remuneración integra 1,99 millones de euros de salario de base, pero sobre todo 7,52 millones en incentivo por objetivos de corto plazo, 5,57 millones por otro incentivo de largo plazo, 2,38 millones como provisión para la jubilación y 1,7 millones como compensación por la realización de la fusión de PSA con Fiat-Chrysler, que se materializó en enero de 2021.

A partir de los resultados del pasado año, la compañía decidió repartir 1.900 millones de euros de sus beneficios en primas a sus empleados de todo el mundo (tiene una plantilla de 281.000 personas), una cantidad que los sindicatos consideran insuficiente comparada con los 3.300 millones de dividendos para los accionistas.