Continúan los movimientos empresariales para poner en marcha nuevas plantas de baterías en EEUU, el segundo mercado automovilístico mundial. El fabricante coreano LG Energy Solution y la compañía japonesa Honda Motor han anunciado una alianza para invertir, a través de una empresa conjunta, un total de 4.400 millones de dólares (4.431 millones de euros) para establecer una planta de baterías en Estados Unidos.

Según han informado en un comunicado conjunto, la nueva planta pretende tener una capacidad de producción anual de aproximadamente 40GWh y las baterías alimentarán los modelos de vehículos eléctricos de Honda y Acura para el mercado norteamericano.

Planta operativa en 2025

Aunque la ubicación de la planta de la empresa conjunta aún no se ha concretado, las dos compañías pretenden comenzar la construcción a principios de 2023, con el fin de permitir el inicio de la producción a finales de 2025.

El fabricante japonés tiene el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en todos los productos y actividades corporativas en las que la compañía está involucrada para el año 2050. "En consonancia con nuestro compromiso de siempre de fabricar productos cerca del cliente, Honda se ha comprometido a la adquisición local de baterías para vehículos eléctricos, que es un componente fundamental de los mismos", ha señalado el presidente y consejero delegado de Honda, Toshihiro Mibe. Estados Unidos es el primer mercado para Honda Motor con más del 30% de sus ventas totales.

Guerra comercial

LG Energy Solution, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, calificó su colaboración con Honda como "piedra de toque" en su estrategia para "promover la electrificación" y "ofrecer soluciones sostenibles de energía" a los consumidores, según dijo su CEO, Youngsoo Kwon.

El anuncio de la inversión en esta nueva factoríad e baterías coincide con la tensión generada por la aprobación en EEUU de ayudas a la compra únicamente de coches eléctricos fabricados en el país. Tanto la Unión Europea como Corea del Sur y Japón han expresado sus quejas por una norma que consideran que va en contra del libre comercio.