La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha desvelado algunos aspectos del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, el primero proyecto del plan de recuperación económica que prepara el Gobierno con los nuevos fondos de la UE. Los proyectos que se presenten deberán estar formados por al menos cinco empresas, contar con la implicación de pymes, tener efecto sobre al menos dos comunidades autónomas e incluir una entidad proveedora de I+D+i, pública o privada. Además, Maroto ha indicado que el Estado quiere tener una "participación minoritaria" en ese consorcio inversor.
La ministra puntualizó el anuncio que hizo a principios de año sobre la participación del Estado en el consorcio que encabezan Seat y el Grupo Volkwagen y que llevó a convocar un acto institucional con la presencia del Rey y de Pedro Sánchez en la fábrica de Martorell. Hace solo unos días, Reyes Maroto se reunió con la dirección de Seat en Barcelona para "reforzar la colaboración entre el Gobierno de España y Seat S.A. con el objetivo de avanzar hacia el desarrollo en España de un ecosistema para electrificar la industria española del automóvil", según explicó la compañía.
El mismo día de la aprobación del PERTE, el grupo Volkswagen ha confirmado su interés en fabricar baterías y coches eléctricos en España, aunque ha reiterado que esos proyectos dependerán de las subvenciones que pueda recibir.
Ahora, Maroto marca distancia y asegura que la presencia pública será en el consorcio que gane el concurso. “La participación del Estado en el consorcio será minoritaria, el objetivo es atraer la atención de inversores no gestionarla, y la ubicación del proyecto la decidirá también el consorcio”, puntualizó.
Lo que no está definido aún es cómo será esa participación pública, pero Reyes Maroto puso como ejemplo la que mantiene actualmente el Estado en Airbus o Indra a través de la SEPI con un 4,1% y un 18,7% del capital, respectivamente.
Concurrencia entre empresas
Desde el punto de vista jurídico, la convocatoria de las ayudas irá dirigida a agrupaciones de como mínimo cinco empresas que tenga en cuenta la producción de coches eléctricos, baterías y componentes. "Necesitamos garantizar que la cadena industrial de esta nueva movilidad se desarrolle en España", ha advertido Reyes Maroto en un encuentro con medios de comunicación. Esa agrupación de empresas tractoras tendrán que implicar a un 40% de pymes, dos comunidades autónomas como mínimo y una entidad proveedora de I+D.
Por otro lado, aclaró que la parte del proyecto destinada a la industria, con casi 3.000 millones, sólo afecta a la cadena productiva, por lo que queda por lo tanto fuera la comercialización, y podrán concurrir una empresa con diferentes proyectos. En cualquier caso añadió que “la fábrica de baterías es un eje central”, aunque eso no suponga excluir otros proyectos estratégicos como la fabricación de semiconductores. En cuanto a proyectos ya en marcha como la fábrica de baterías de Extremadura, donde hay extracción de litio, explicó que “es un proyecto pequeño pero pionero, y deberá integrarse en otros”.
La ministra ha hecho un repaso rápido de los grupos que, a simple vista, podrían cubrir el requisito de una presencia territorial en dos o más comunidades. Stellantis, Renault y Volkswagen y Seat encajarían en ese requisito. Seat y Volkswagen ya han anticipado su proyecto, denominado F3, que suma una alianza de más de 10 empresas y que tenía que incluir también al Estado, aunque ahora Maroto ha matizado esa posición.
Ubicación de la planta de baterías
“Será un proceso totalmente transparente y con concurrencia. Los proyectos van a ser los que van a determinar el lugar o el proyecto y no el Estado el que determinará dónde se hace todo esto. Esperamos que haya varios proyectos porque el PERTE va a movilizar importantes inversiones”, ha asegurado la responsable de la cartera de Industria.
“Todos los fabricantes ubicados en España son españoles para nosotros al margen que los centros de decisión estén fuera. Forman parte de la historia del éxito”, ha indicado Maroto en referencia a las opciones de las empresas aspirantes a encabezar el proyecto con fondos Next Generation EU.
“Pensamos que va a haber más de un proyecto que salga adelante -ha dicho la ministra-. El PERTE se ha hecho con las manifestaciones de interés y con un mucho trabajo previo. Llevamos trabajando tres años. Ojalá que podamos financiar muchos proyectos, 4.300 millones dan mucha capacidad”.
A su juicio, "este año va a ser trascendental en la toma de decisiones de los fabricantes y con este PERTE España se pone en una buena posición". El calendario de implementación del PERTE prevé el lanzamiento de las convocatorias para recibir proyectos en el cuarto trimestre de 2021 y con la adjudicación en febrero de 2022. La coordinación del plan corre a cargo de una estructura presidida por la ministra de Industria y con la figura de un vicepresidente ejecutivo que ocupará "una persona de reconocido prestigio".
Además, habrá convocatorias adicionales para fabricar microchips y otros componentes para el vehículo conectado e inteligente y de sistemas de recarga. "Damos un impulso a la fabricación de algunos componentes, pero no partimos de cero. Queremos atraer las inversiones de fabricación de nuevos modelos de vehículos eléctricos que decidirán los fabricantes", ha añadido la ministra de Industria.
El Gobierno estima que el PERTE puede actuar como palanca para crear 140.000 empleos nuevos, aportar entre uno y 1,7 puntos al PIB, y permitiría alcanzar 230.000 vehículos eléctricos en circulación en 2023..