Francia ha dado un paso al frente en la Unión Europea para frenar las sanciones millonarias ​​​​​​​que se prevén para los fabricantes de automóviles que no logren reducir sus emisiones de CO2 en 2025. Con el respaldo de la República Checa e Italia, el Gobierno francés impulsa una 'rebelión' que busca evitar que las marcas deban pagar penalizaciones si no alcanzan el objetivo de reducir en un 15% las emisiones medias de todos sus vehículos vendidos en comparación con los niveles de 2020.

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El problema con el que se encuentran los fabricantes automovilísticos es que para alcanzar esa reducción tan intensa tienen que vender más coches eléctricos de los que se están matriculando. La alternativa para evitar las sanciones es recortar la producción y venta de vehículos de combustión para que baje la media del CO2, lo que provocaría un fuerte impacto en las fábricas y el empleo.

El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Antoine Armand, afirmó que los fabricantes comprometidos con la electrificación no deberían ser penalizados, e indicó que defenderá esta posición junto con el ministro de Industria, Marc Ferracci, en las reuniones con la Comisión Europea. Ferracci argumentó que, si bien Francia apoya el objetivo a largo plazo de eliminar los motores de combustión en 2035, considera que es necesario ajustar las sanciones para evitar efectos adversos en el empleo y la competitividad de la industria.

"Solución selectiva"

El rechazo francés también cuenta con el respaldo de otros países preocupados por el impacto económico de estas multas. Martin Kupka, ministro de Transporte de la República Checa, ha destacado que la demanda de vehículos eléctricos ha disminuido en toda Europa, lo que hace difícil alcanzar el objetivo. Además, señala que las penalizaciones, que podrían llegar a los 3.000 euros por coche que no cumpla con la reducción, impedirán a las empresas destinar recursos a la investigación y desarrollo de tecnología más limpia.

Este descontento ha llevado a Francia a organizar una campaña para convencer a otros países miembros de la UE de la necesidad de una "solución selectiva" que beneficie a los fabricantes más comprometidos con la transición ecológica, sin penalizar a quienes aún dependen de los motores de combustión. Armand y Kupka han señalado que el sistema de multas actual podría conducir a una reducción artificial en la venta de coches de combustión, afectando gravemente a los proveedores y a los trabajadores del sector.

Apoyo de otros países con fábricas

Anteriormente, el ministro italiano de Industria, Adolfo Urso, reclamó una visión pragmática a la UE para evitar el "colapso" de la industria de automoción europea. Tanto Italia, con la sede de Fiat, la República Checa, con Skoda, y Francia, con Peugeot, Citroën y Renault, tienen mucho en juego. Por eso buscan el respaldo de otros países con fábricas de vehículos como Alemania y España.

Francia y sus aliados presentarán esta propuesta durante las próximas reuniones del Eurogrupo y del Ecofin en Bruselas, buscando un acuerdo que permita a los fabricantes cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones sin poner en riesgo el empleo y la inversión en tecnología. Además, plantearán su postura en la cumbre informal de líderes de la UE, prevista para el viernes en Budapest, con la esperanza de suavizar las normas actuales y ganar el apoyo de países como Alemania, que también muestra escepticismo respecto a las multas.

Esta situación subraya la creciente tensión entre las políticas de descarbonización de la UE y las realidades del mercado automovilístico europeo, donde la demanda de vehículos eléctricos aún no ha alcanzado el nivel necesario para cumplir con los ambiciosos objetivos climáticos sin incurrir en costos significativos para la industria.