La rueda de prensa para explicar la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona fue dolorosa. Y no solo por la anulación de un evento de ámbito internacional cuando faltaban tan solo unos días para su inicio y con los trabajos de montaje muy avanzados, sino también porque fue la demostración de quién manda en el MWC. En medio de de una retahíla de políticos, los directivos de la organización GSMA dieron las palabras claves en su estrategia para defenderse de las demandas que están a punto de llover: "fuerza mayor". 

Los organizadores tendrán que emplearse a fondo para demostrar esa causa de fuerza mayor para la cancelación del Mobile, que ha truncado las esperanzas de una ciudad y ha dejado colgadas a centenares de empresas, incluidas las firmas del sector de automoción y movilidad, que apostaban por ir al evento. Aunque GSMA tiene su sede en Estados Unidos, tendrá que dar la cara ante la justicia de los juzgados mercantiles de Barcelona por incumplimiento de contrato.

El doble juego de las operadoras

Las autoridades locales, de Cataluña y españolas ya se encargaron de desmentir la fuera mayor alegada por John Hoffman, el consejero delegado de GSMA, al indicar que la epidemia de coronavirus en China no justificaba la suspensión del evento de la telefonía, las telecomunicaciones y los vehículos conectados.

Hoffman tendrá que explicar porqué la organización del salón mantenía la celebración del evento cuando las empresas que forman parte de su consejo de administración, las grandes operadoras de telefonía, fueron anulando su presencia en el MWC de Barcelona una a una con días de antelación. Resulta difícil de creer que si los miembros de la entidad que organiza el Mobile ya habían decidido que no iban a Barcelona, esas mismas empresas mantuvieran la convocatoria de evento por parte de GSMA. 

De rebote, Fira de Barcelona y las administraciones que forman parte de la institución también han salido salpicadas. No solo porque en este caso han estado al albur de los organizadores privados, sino también porque los alquileres ya cobrados se convertirán en objeto de reclamación por parte de las empresas expositoras que se quedaron con las ganas de ir al salón.