El sector del automóvil se enfrenta a la hora de la verdad en las emisiones de gases. Y lo sabe. La industria está pendiente de la decisiva votación de los eurodiputados en el Parlamento Europeo de la nueva regulación sobre los niveles máximos de emisiones de CO2 de los coches que se vendan a partir de ahora en la Unión Europea. La cita de la votación es el martes 10 de julio a partir de las 9 de la mañana en la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Desde hace varias semanas, las asociaciones empresariales del automóvil europeas y de cada país han intensificado la presión, en una cuenta atrás hasta la votación, sobre los eurodiputados para intentar suavizar la propuesta que salga aprobada. Buscan reducir unos objetivos de recorte de emisiones de CO2 que califican de "poco realistas" o bien alargar los plazos para conseguirlos o ambas cosas.
Patronales y sindicatos de automoción se reúnen con eurodiputados
La tarea de lobby de organizaciones como la patronal europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) o de la española Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac) y de organizaciones sindicales de la industria de automoción se ha centrado en intentar demostrar la imposibilidad de conseguir los objetivos de CO2 y en visitar a eurodiputados y miembros de la Comisión Europea. La lista de visitas es extensa. Entre las últimas se encuentra la de Anfac a los grupos parlamentarios europeos socialista, popular y liberal para explicarles la necesidad de "buscar un equilibrio entre los objetivos medioambientales que plantea la Comisión y las necesidades industriales de las automovilísticas. Con un balance óptimo de los dos intereses, se podrán alcanzar metas ambiciosas pero al mismo tiempo realistas desde el punto de vista medioambiental e industrial", afirmó la patronal europea. Una delegación de sindicalistas españoles también se ha reunido con eurodiputados para explicarles que los nuevos objetivos de CO2 pueden poner en peligro empleos en la industria, por lo que han reclamado que actúen con sentido común.
¿Quién controla la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo?
Los eurodiputados más temidos por la industria automovilística europea son los que forman parte de la Comisión de Transporte, que endureció el texto legislativo aprobado por la Comisión Europea. Para 2025, la propuesta parlamentaria sube de un 15% a un 25% el objetivo de reducción del CO2 de la media de las nuevas matriculaciones de turismos, y del 15% al 20% para las furgonetas. Y para 2030, el Parlamento Europeo propone incrementar la propuesta de Bruselas del 30% al 50% para turismos y del 30% al 40% para vehículos comerciales ligeros. La Comisión de Transporte está presidida por la eurodiputada francesa Karima Delli, que forma parte del Grupo de los Verdes y que es una firme defensora de la bicicleta en las ciudades y de la lucha contra el diésel y la polución que causan los vehículos. En un artículo publicado en su web fechado en noviembre de 2017, Karima Delli reclama a a la Comisión Europea que no cediera ante las presiones del sector en la propuesta que estaba preparando sobre CO2. "El dieselgate ha demostrado que cuando el legislador cede a las sirenas del lobby de coches, todos somos perdedores, incluyendo la industria", advertía la presidenta de la Comisión de Transporte que se preguntaba en voz alta "por qué aplazar la inevitable conversión del sector automovilístico europeo".
Eurodiputados españoles que votarán los nuevos límites de CO2 para los coches
La ponente del texto sobre reducción de emisiones de CO2 que se somete a votación en el Parlamento Europeo es Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy, presidenta de la delegación de los socialistas franceses. También desciende un ritmo rápido de transición, aunque con algunos matices, para convertir a la industria de automoción europea en "líder mundial de la movilidad limpia", según defendía en una intervención el día 20 de junio. La propuesta normativa de la Comisión recibió 384 enmiendas que se ha ido negociando para fusionarlas. "Depender de la buena voluntad de los fabricantes para reducir las emisiones, especialmente si no es una obligación legal, no funciona en el mundo real", decía la eurodiputada. Forman parte de la comisión los eurodiputados españoles Inés Ayala (socialista), Izaskun Bilbao (liberales), Tania González (Izquierda Unitaria) y Luis de Grandes (popular). En sus manos y en las del resto de miembros de la Comisión de Transporte está en buena parte el futuro de la industria de automoción europea. El sector sigue en vilo pero de forma activa la votación sobre los límites de emisiones de CO2 en la Unión Europea.
