La peor pesadilla se ha hecho realidad para los fabricantes de coches eléctricos. El Gobierno cumplió con las expectativas del sector de aprobar un nuevo plan Movele, pero lo hizo en unos términos que sólo aparecían en las peores pesadillas.
Menos dinero (de 10 baja a 7 millones), condiciones más duras (exigencia de un punto de carga), recorte de la ayuda (no es acumulable al Pive) y no es retroactiva. Algunos de esos cambios eran esperados por las marcas, pero otros como dejar fuera a las compras hechas de enero a abril o la incompatibilidad con otras ayudas han dejado al sector descolocado, con cara de haber sido víctimas de una tomadura de pelo.
Este sí es un Movele de salida, muy de salida cuando el mercado de la electromovilidad ni siquiera ha despegado en España con poco más de 1.000 vehículos eléctricos vendidos, tal como muestran las cifras de matriculaciones en Europa, donde el mercado español es el décimo a mucha distancia de otros países como Alemania, Francia y Reino Unido.
El Movele nuevo es además un nuevo síntoma del distanciamiento entre el Gobierno y el sector automovilístico. El recorte de ayudas no se corresponde con la apuesta industrial, con cinco modelos en producción en otras tantas fábricas. Uno de ellos, la furgoneta e-NV200 de Nissan, alcanzó una producción de 10.000 unidades en 2014.
