Cuando alguien compra un producto o servicio espera que el precio valga la pena. Con las autopistas en funcionamiento pasa lo mismo. Después de pasar por caja para pagar el peaje obligatorio uno espera que el tráfico sea fluido, que el asfalto esté en buen estado, que los paneles de señalización funcionen adecuadamente y que los arcenes estén despejados para prevenir la parada de coches averiados. Pero lo que no es previsible es que el arcén esté cubierto por una selva de vegetación salvaje como si se tratara de una carretera de mala muerte.
Sólo hay dos posibilidades para explicar la chocante visión de las malas hierbas colonizando la autopista: o la vegetación ha sufrido un inesperado brote mutante que acelera su crecimiento o bien la empresa que explota la vía rápida ha reducido el gasto en mantenimiento y, por tanto, ha espaciado los trabajos de limpieza de los arcenes y cunetas.
Esa situación se ha convertido durante la crisis en una realidad en las vías gratuitas cuyo mantenimiento es público, según un estudio de la Asociación Española de la Carretera que indica que ha habido un retroceso de 25 años por la degradación sufrida. El deterioro se está extendiendo a algunas autopistas en quiebra o tramos con menos tráfico como la C-32 en el norte de la provincia de Barcelona. Lo mismo sucede con el asfalto. El pavimento gastado, agrietado o con baches y pintura descascarillada es algo que un cliente de una autopista no puede admitir.
O bien con algunas cabinas de peaje que fallan continuamente o que son recicladas para automovilistas con dispositivos para pagar sin parar, supuestamente porque en realidad tienen que detenerse del todo el vehículo. La falta de inversión y de mantenimiento en las vías de pago choca frontalmente con los beneficios que siguen registrando muchas concesionarias pero es un efecto del descenso de los gastos de explotación. Un ejemplo es Abertis, la concesionaria que gestiona algunas de las vías más transitadas de España, que en el primer trimestre ganó 125 millones de euros, un 5% más, y redujo un 2,5% los gastos de explotación gracias a "las medidas de eficiencia".
Las empresas ofrecen invertir 1.334 millones con compensaciones
Pero por encima de las concesionarias tendría que estar la Administración que debe velar por el cumplimiento del contrato de concesión otorgado. ¿Acaso no ven el mal estado de conservación de muchas vías? A partir de ahora, si alguien sufre un pinchazo en una autopista no será extraño que denuncie a la concesionaria y a la Administración por dejar el piso con un alto riesgo para los conductores.
Las empresas concesionarias agrupadas en la asociación Aseta tienen una visión diferente de la situación. Aseta considera que la inversión necesaria para llevar a cabo mejoras en los ámbitos de seguridad vial, el medio ambiente, la calidad y servicio asciende a 1.334 millones. Están dispuestas a invertir esa suma pero a cambio exigen "compensaciones" en forma de prórrogas de las concesiones o de incrementos de tarifas.
